La noticia: la discusión en primer debate del proyecto de ley 453 para obligar a la tipificación de la carne bovina, presentado por los diputados Raúl Pineda y Rubén De León. Con esa ley, la carne importada de Nicaragua, de categoría C, se debe identificar para que el consumidor, si la elige, pague su respectivo precio, igual con las categorías A y B de producción nacional. Basado en el reglamento técnico Dgnti-Copanit- Copanit 67.
* Me aseguran que la transnacional frutera europea Fyffes está en proceso de venta de su subsidiaria Cabo Zarzo, S.A., que opera la mayor plantación de piñas del país (500 hectáreas), ubicada en Zanguenga, La Chorrera. Tienen mucha dificultad en el reclutamiento de mano de obra agrícola del área. Y su competividad laboral es muy deficiente en relación a Costa Rica y Nicaragua, donde concentrarán la producción de esta fruta para el mercado europeo, de Estados Unidos y el asiático. ¿Este fenómeno de falta de interés por el empleo en el campo se deberá a los tantos subsidios del paternalismo estatal usando los ingresos del Canal?
Algo parecido le ocurre a la empresa Del Monte en Puerto Armuelles en el reclutamiento de personal para la reactivación de la actividad bananera; la mayoría de los solicitantes son para el área administrativa y en menor proporción para las labores agrícolas o de campo.
* La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) anunció la modificación de sus trámites para que la importación de agroalimentos sea más veloz y efectiva. Su director, un médico pediatra, cuando la ley indica que debe ser médico veterinario, dijo el año pasado en la Asamblea Nacional que: “Aupsa era como una autopista para las importaciones de alimentos”. Ahora dirá que es un “tren bala”. Lo que logra con esa acción gubernamental es hacer más expeditas las importaciones de agroalimentos mientras la agroexportación disminuye. ¿Excelente política comercial?
La Superintendencia Bancaria, administradora del Fondo de Compensación de Intereses (FECI) a los préstamos agropecuarios, se opone a la Ley 488 (aprobada por insistencia ), que casualmente corrige lo que ellos denuncian: que se agotará el fondo de reserva por usarlo en subsidios a la vivienda y no en la agricultura, como es el principio de este fondo, que anualmente recibe $200 millones de los prestatarios. El FECI es una tasa, no un impuesto. La Ley 488 ordena utilizar el 70% para apoyar la producción de agroalimentos y el 30% irá al Tesoro Nacional.
Como si la consigna fuera: “¡todos contra el agro!”.
El autor es exministro de Estado
