El proyecto de ley 53 tenía la intención de regular la proliferación de sitios de venta de licor en zonas residenciales. Esta aparente loable propuesta recibió el apoyo de diputados de todas las bancadas, algunos de los cuales ahora reniegan de aquel artículo introducido a hurtadillas en segundo debate, y que de un manotazo de curul dejó sin concesión a un operador portuario del país. Con total desparpajo, la Asamblea ha puesto en la cuerda floja la seguridad jurídica de las inversiones y la reputación del país. Ahora, resulta que algunos diputados –incluyendo a la presidenta de ese órgano- desconocían en qué consistía dicho artículo. No es de extrañar que a veces repudien sus propios actos, ya que muchos ni siquiera leen lo que firman. Lo que se evidencia es que la mayoría no merece estar ahí, por la ligereza y la irresponsabilidad con la que tratan asuntos tan trascendentales para el futuro y la confianza de este país. Pero, incluso, algunos de sus actos ni siquiera son producto del desconocimiento o del poco me importa, sino de estrategias con premeditación, dolo y alevosía, de grupos para los cuales sí parece haber un mecanismo para encontrar métodos que les den acceso a fondos. Si el proyecto se convierte en ley, la empresa tendría el derecho de llevar al Estado a un arbitraje millonario. Seguramente, los diputados del PRD que fueron los autores de este crustáceo no serán los que respondan por los daños.
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22 abr 2018 - 05:00 AM