La alteración de datos del SIPE por parte de empleadores y funcionarios inescrupulosos, con el propósito de evadir el pago de las cuotas obrero-patronales, y la venta de carnés falsos para facilitar trámites migratorios, reclaman la atención ciudadana. Por un lado está el desfalco de cientos de millones de dólares de la Caja de Seguro Social, una institución cuyas finanzas han empezado a acusar fragilidad. Se trata de un organismo social altamente sensitivo para la población, como lo demuestra todo lo ocurrido en Nicaragua. Por otro lado, son señales inequívocas de que la corrupción ha hecho metástasis a lo interno de esta. Es evidente que Juan Carlos Varela nunca ha tenido la voluntad política para enfrentar los problemas de la CSS, mucho menos solucionarlos. En cuatro años de gobierno, ni siquiera ha exigido la presentación de sus estados financieros ni tampoco los estudios actuariales que nos dirían cómo está la salud financiera de la institución a futuro. Pero las recientes denuncias ya no le permiten seguir mirando hacia otro lado. Hacer un diagnóstico de la situación es lo menos que este gobierno le debe a los asegurados.
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24 abr 2018 - 05:00 AM