Hay mucho escepticismo entre la ciudadanía en cuanto a la posibilidad de que la justicia panameña realice un análisis honesto y produzca un fallo independiente y en derecho en el proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli Berrocal. No obstante, la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de aprobar su extradición a Panamá, hecha pública ayer 8 de junio de 2018, constituye un logro para el Estado panameño.
En primer lugar, supone el reconocimiento, por parte de las autoridades estadounidenses, de que los cargos por los que Martinelli es solicitado por la Corte Suprema de Justicia –relacionados con las escuchas ilegales a más de un centenar de personas durante su gobierno- son sólidos. Al mismo tiempo, indica que Estados Unidos desestimó las denuncias en el sentido de que el exmandatario era víctima de persecución política y que, de ser entregado a Panamá, sus derechos serían violados.
El Gobierno de Estados Unidos valoró positivamente la petición de las autoridades panameñas y decidió cumplir con los acuerdos firmados con nuestro país, haciendo caso omiso de la desvergonzada carta abierta –mitad clamor, mitad chantaje- presentada por el expresidente después de retirar las apelaciones con las que había intentado frenar su extradición.
Aunque no podemos caer en la ingenuidad de pensar que a partir de ahora es solo cuestión de tiempo antes de que el presidente considerado por muchos como el más corrupto de nuestra historia pague por sus crímenes, sí que podemos abrir un paréntesis de optimismo para reconocer que se ha dado un paso importante. La lucha continúa y la siguiente batalla tendremos que librarla los panameños en Panamá, sin miedos ni complejos.