En la realidad bizarra que vive la institucionalidad panameña, la cantidad de funcionarios judiciales que puedan formar parte de la carrera judicial la determina el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta entidad es la que le establece el monto de gastos al Órgano Judicial. La separación de poderes y la independencia de la justicia languidecen cada vez que un burócrata de la Vía España cercena los fondos destinados a la justicia. De los $250 millones solicitados por el Órgano Judicial, el MEF recomendó $166.8 millones. Esto significa que no habrá carrera judicial por quinto año consecutivo, ni tampoco las instalaciones adecuadas para darle acceso a la justicia a los panameños. En su campaña, el presidente Laurentino Cortizo nos prometió una mejor justicia, sin embargo la acción del MEF de su gobierno dice y hace todo lo contrario. Es precisamente aquí cuando el Órgano Ejecutivo hace la diferencia para que tengamos jueces y tribunales profesionales e independientes que derroten la impunidad. Sin presupuesto, esto es una promesa más de las que se lleva el viento.