Hoy por hoy

La definición de lugar de residencia tiene distintas versiones: una para los ciudadanos de a pie y otra para los candidatos a puestos de elección popular. Y, por supuesto, la de los políticos es enteramente flexible frente a la de los votantes. Esta situación es claramente un privilegio más para los políticos, que se creen y actúan por encima de la Constitución. ¿Por qué es tan rígida la definición de residencia para un elector y no para quien aspira, por ejemplo, a ser diputado? El Código Electoral lo permite porque los ciudadanos sencillamente lo permitimos. Ese doble estándar es algo con lo que hay que acabar o, de lo contrario, seguiremos siendo parte de castas en las que unas, por los privilegios que se arrogan, son superiores a las otras. Se supone que vivimos en un Estado democrático, en el que los servidores públicos no son más  que eso: empleados que trabajan a cambio de un salario que pagamos con nuestros impuestos. No son más que nadie ni deben gozar de privilegio alguno, salvo los deberes y derechos que tenemos el resto de los ciudadanos. Si una persona desea ser parte del servicio público a través de elecciones, debe cumplir con los mismos requisitos que se nos exigen a nosotros como electores. Reglas iguales para todos, y no unas para ellos y otras para nosotros.