Hoy por hoy

El Tribunal Electoral todavía no ha recibido respuesta de los representantes de los partidos políticos respecto a la firma de un “pacto ético” que acompañe las próximas elecciones generales. En el año 2009 ningún candidato avaló el acuerdo. En 2014 sí hubo pacto, pero sabemos lo que ocurrió después: un alud de insultos y expresiones denigrantes –algunas con la participación de quien entonces ejercía la máxima autoridad gubernamental, el Presidente de la República–, y el evidente uso de recursos del Estado para descalificar al oponente. Algunos entonces se preguntarán qué importancia tiene un pacto ético si, a la hora de la hora, los firmantes prometen una cosa y luego hacen otra. Es precisamente por eso que urge asumir un compromiso genuino de los actores del proceso electoral, para elevar el nivel del discurso y no el tono de la diatriba. Como si fuera poco, el lenguaje de algunos funcionarios está profundizando las brechas entre los panameños y augura un ambiente más grosero a medida que se aproximan las elecciones. Se pueden tener diferencias partidistas, pero estas no justifican las expresiones hostiles ni las agresiones. Los panameños merecemos unos comicios basados en el debate de ideas y propuestas electorales dentro de un marco de respeto y de equidad para oficialistas y opositores, y no un simple conteo de votos y ya. Lástima que la adhesión al pacto y la conducta ejemplar no sean de obligatorio cumplimiento.