Hoy por hoy

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial quitó la última cortapisa que detenía la investigación del caso Odebrecht. Finalmente, el Ministerio Público tiene el camino libre para concluir las pesquisas de este histórico caso de corrupción. Ya no hay excusas ni pretextos procesales, las fiscalías anticorrupción tienen el deber de investigar completamente todos los aspectos vinculados con las operaciones de la constructora brasileña en Panamá, desde el gobierno de Martín Torrijos hasta el de Juan Carlos Varela. El país necesita claridad sobre las donaciones que recibió el Partido Panameñista, al igual que se requiere deslindar lo relativo a las cintas costeras, las líneas del Metro y los múltiples contratos que se beneficiaron de generosas adendas. La Ley 121 de 2013, que decide sobre los casos de delincuencia organizada, es la norma objetiva que rige este proceso. La Procuraduría General de la Nación haría muy bien en concentrar sus esfuerzos para conseguir el enjuiciamiento de todos los acusados, sin importar banderías ni vínculos políticos. Es el momento para que los fiscales demuestren que son aliados de la justicia.