Las cuestiones éticas del comportamiento de los diputados siguen siendo tema pendiente que la Asamblea Nacional evita atender. Desde el 23 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Comisión de Credenciales que discutiera y tomara una decisión sobre los 29 diputados suplentes que cobraban más de un salario del Estado y los gobiernos locales. No solo nada ha ocurrido, sino que, irónicamente, el diputado suplente Agustín Sellhorn es quien exige que se le aplique la ley a otros, mientras sus propias hijas están nombradas en la cuestionada planilla 080 de la Asamblea. Como si esto fuera poco, hay diputados principales y suplentes que gestionan negocios ante el propio Estado; sus misteriosas donaciones a múltiples beneficiarios, incluyendo sus propias fundaciones, siguen en las tinieblas; y hay una locuaz diputada que litiga casos de alto perfil con tácticas dilatorias que aspiran a producir la prescripción de una de estas causas. La Comisión de Credenciales es la llave para cerrarle las puertas a estos abusos, pero es el botín más codiciado tanto para los oficialistas como para los de la oposición. Es precisamente la sumatoria de estas acciones la que no debemos olvidar en mayo de 2019.
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02 may 2018 - 05:00 AM