Hoy por hoy

Los archivos judiciales guardan unos 3 millones de documentos que incluyen casos, investigaciones, sentencias y decisiones legales que han definido la historia y curso de este país. Su consulta continua por abogados y otros interesados es un proceso engorroso y en ocasiones sus resultados no son satisfactorios. Al igual que el resto de los archivos del Estado, la memoria judicial enfrentaba un riesgo cierto de desvanecerse entre la polilla, la humedad, el deterioro natural del tiempo y los ocasionales incendios que han amenazado a estos expedientes. Con los exiguos recursos de su presupuesto, el Órgano Judicial ha emprendido el proyecto de digitalizar estos archivos, y lo ha encargado a un pequeño y heroico grupo de archivólogos que le darán forma a esta titánica tarea. Aunque este esfuerzo tomará años completarse, servirá para organizar y estudiar el funcionamiento de las fiscalías y tribunales de los circuitos judiciales de mayor volumen de trabajo, las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí. Somos un país que no se ha caracterizado por conservar y gestionar responsablemente los archivos históricos y los objetos de valor cultural que forman parte de la identidad nacional. Este esfuerzo de digitalización debe ser replicado a nivel nacional, y por múltiples entidades que ignoran su propia historia y desconocen lo que guardan sus propios archivos. En buena hora empezamos a recuperar nuestra memoria.