Cuando creímos que ya todo se sabía sobre los escándalos en la Asamblea Nacional, salta la liebre... otra vez. Una auditoría concomitante realizada por la Contraloría General de la República a la planilla 080 reveló que un grupo de nombramientos no tenía sustento y se ordenó la suspensión de los pagos. Los 11 diputados responsables de esta belleza pertenecen a todas las bancadas, e incluyen al hermano del presidente de la República. Por estas, y seguramente que por otras irregularidades, es que la Asamblea se resiste a una auditoría forense de la Contraloría. Si los diputados ven una conspiración política en su contra con cada auditoría que ordena el contralor, ¿que podemos pensar los ciudadanos frente a los hechos que las motivan? Como dirían los propios diputados: uno más uno es dos. No hay pretexto para que un diputado administre fondos o tenga una planilla a su disposición. Esa epidemia de opacidad y de ausencia de rendición de cuentas debilita las instituciones y le abre las puertas al populismo. La clase política ha aumentado la deuda ética de la democracia; tarde o temprano esa cuenta tendrá que pagarla.