El clamor de la ciudadanía –expresado a través de pronunciamientos cada vez más severos– por mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos no es una simple petición. Es la exigencia de una población harta de que los funcionarios no cumplan sus obligaciones, incluida la rendición de cuentas. El contralor ha hallado serias irregularidades que los diputados no han mostrado interés en aclarar; por el contrario, insisten en que la Corte Suprema los proteja de sus propias actuaciones. No ha sido la Contraloría la que se ha inventado las pruebas que desnudan el horror en el manejo de nuestros recursos en la Asamblea. Han sido los propios diputados los que han firmado listas de asistencia inventadas de supuestos empleados, y tan torpemente hechas que ahora nos explicamos por qué firman lo que les pongan por delante. Estamos caminando al filo de un precipicio, cuyo fondo, si caemos por culpa de ellos, será de consecuencias impredecibles. La democracia no es un sistema perfecto, pero es lo que nos pone a prudente distancia de un régimen totalitario. Pero lo que están haciendo los diputados es empujarnos a ese abismo en el que todos pagaremos su ciega e injustificada insensatez.
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11 jun 2018 - 05:00 AM