Hoy por hoy

El más reciente informe sobre Panamá preparado por el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura hace un llamado sobre las áreas críticas de esta delicada realidad que se vive en las cárceles de nuestro país. Aunque el documento destaca que Panamá ha tenido importantes avances en materia institucional, se resalta un rezago en la gestión de los centros penitenciarios y en las instalaciones dedicadas a migrantes y personas extranjeras indocumentadas. El estudio llama la atención sobre la carencia de defensores públicos, acceso inadecuado a servicios médicos, hacinamiento y condiciones sanitarias precarias. Para uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema penitenciario, como son los privados de libertad de la comunidad Lgtbi, aunque existe acceso a los medicamentos necesarios para los portadores del VIH-Sida, persisten prácticas discriminatorias institucionalizadas que perjudican a esta población. Las tareas y los desafíos que Panamá debe enfrentar en esta materia son claros y están muy bien definidos. No existe ningún beneficio de continuar con viejas prácticas de maltrato y abandono a una población con oportunidad de resocializar, y lograr así su plena y sana integración a la sociedad al momento de recuperar su libertad. Nadie gana cuando se tortura o se vejan los derechos humanos de cualquier persona. Y eso incluye también -guste o no- a los privados de libertad.