Hoy por hoy

“Estamos en un momento crítico para América Latina en cuanto a la necesidad de transparentar y de investigar lo sucedido en los últimos años con los fondos y los recursos públicos”, nos ha dicho Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nombres como Javier Valdés, Hugo Spadafora o Berta Cáceres son un recuerdo del alto costo que ha tenido la libertad de pensamiento y expresión en nuestra América. La tendencia más reciente es la de criminalizar las opiniones críticas en los casos de corrupción que, desde México hasta Argentina, nos han sacudido por igual. Panamá no es la excepción. Es muy obvio lo que se intenta hacer cuando se querella penalmente y se demanda civilmente por millones de dólares a voceros de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación. La intención es producir miedo y autocensura. Callar a la opinión pública. El resultado que buscan aquellos con suficientes recursos para ocultar sus grandes secretos es cubrirse con el manto de la impunidad. Nuestro deber ciudadano es denunciar la corrupción a todo nivel, defender la verdad, exigir rendición de cuentas y jamás guardar silencio ante la injusticia. ¡Callar jamás!