Hoy por hoy

En la recta final de la administración del presidente Varela, el Ministerio de Economía y Finanzas lleva adelante una iniciativa para sanear las finanzas públicas del país. La propuesta busca reformar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para obtener una dispensa que permita disponer de 300 millones de dólares para inyectarle capital a los proyectos de infraestructura del gobierno que se vieron afectados con la huelga de los trabajadores de la construcción que inició en abril pasado. Quizás la novedad más importante es el establecimiento de un tope al crecimiento del gasto corriente del Estado y un mejoramiento de los parámetros de flujos para el Fondo de Ahorro de Panamá. La propuesta aspira a que el próximo gobierno sea más serio y comedido con el gasto de operaciones que la administración actual. Así, la relación entre deuda pública y producto interno bruto se reduciría de 36.9% en 2018 a 34.2% en 2023. Esta proyección requiere de mucha disciplina fiscal, que parece poco creíble ante la desaceleración económica y las presiones financieras de la Caja de Seguro Social. La mala noticia de todo esto es que Panamá seguirá apostando al endeudamiento y a los megaproyectos como forma de estimular la economía. Nada se habla del emprendimiento, la innovación o el aumento de la productividad. Más gasto público hoy, es menos libertad mañana.