Hoy por hoy

En 1989, los candidatos a puestos de elección por parte de la ADO-Civilista enfrentaron riesgo de muerte, torturas, exilio y procesos judiciales amañados. Los hechos ocurridos en el ocaso de la dictadura militar son un recordatorio del verdadero valor y significado del fuero penal electoral. Esta institución crea un privilegio temporal que le permite a los candidatos ser protegidos contra detenciones arbitrarias. Esa es la acepción original de este fuero. Sin embargo, en Panamá el fuero penal electoral se le ha otorgado no solo a los candidatos en las elecciones generales, sino también en las elecciones primarias y otros procesos internos de los partidos políticos. Además, los aforados incluyen a personas que ni siquiera son candidatos y a los propios funcionarios del Tribunal Electoral. Si no ha sido previamente levantado, este fuero impide la realización de investigaciones, así como de otras diligencias judiciales. Las reformas electorales de 2017 –que fueron consensuadas por las bancadas de la Asamblea Nacional– habrían sido el escenario perfecto para cerrarle las puertas a la impunidad. Tal parece que se prepararon más para enfrentar casos de corrupción de alto perfil que para competir en las elecciones de 2019.