El manejo de los asuntos públicos siempre ha sido un problema en Panamá gracias a la ineptitud, la indiferencia y la corrupción de una enorme cantidad de funcionarios que llega a puestos de poder cobrando favores. El caso de la venta de tierras en Bocas del Toro, en el que está involucrado un político extranjero, en complicidad con seudoempresarios locales, es un claro ejemplo de ello. Pero, en vez de llevar al banquillo a los usurpadores, a los estafadores y a las autoridades que se prestaron para los chanchullos, fue el Estado panameño el que quedó demandado internacionalmente por $80 millones, y aunque se salvó por poco, ese pleito le ha costado a los panameños más de $7 millones en costas y peritos. ¿Por qué tenemos que pagar todos los panameños por estos negociados que no solo afectan el Tesoro, sino el patrimonio territorial de nuestros indígenas? ¿Dónde están los procesos judiciales locales para dar con los responsables de este desastre? Seguramente disfrutando del dinero que obtuvieron del oscuro negocio acordado con el político extranjero. El país necesita de funcionarios comprometidos que defiendan como buen padre de familia nuestros intereses. Este país también es de sus hijos.
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