Hoy por hoy

La demanda contra el Estado panameño por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo y su consecuente admisión por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es uno de esos casos que solo puede ser atribuible a la ineficiencia y falta de transparencia de algunos funcionarios. Hay pruebas suficientes, producto de auditorías de la Contraloría, que dan testimonio de lo ocurrido con la contratación para la construcción del fallido proyecto de riego de Tonosí. A Hidalgo & Hidalgo se le adelantaron $31 millones y, luego de las investigaciones hechas por el Ministerio Público, se ha pedido llamamiento a juicio para un grupo importante de actores del gobierno pasado y de ejecutivos de la compañía. ¿Cómo es que ahora la empresa demanda al Estado? Lo que alegan es que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario guardó silencio sobre su petición de aclarar las razones por las cuales se les canceló el contrato para la construcción de dicho proyecto. Ahora, el Estado, o sea todos nosotros, se enfrenta a un juicio en el que, increíblemente, si pierde tendría que indemnizar, precisamente, a quien todavía tiene cuentas que aclarar con el país.