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El mayor problema institucional de Panamá no es la corrupción o el clientelismo. Tampoco el robo descarado de dinero. Es la justicia. Si aquí hubiese certeza del castigo, jueces haciendo su trabajo, con una dosis de valentía, y honradez entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces la corrupción sería atajada, los maleantes y coimeros estarían en la cárcel y seguramente el país tendría más progreso. Pero en vez de eso, tenemos bandas organizadas que hacen las leyes a su medida y que nombran a sus juzgadores y para así garantizar complicidades. Y encima, los políticos exoneran a los magistrados cuando estos delinquen. ¿Cómo ganarle la guerra a la corrupción? Nombrar a magistrados y jueces es solo cumplir una formalidad constitucional, pues, en el fondo, muchos de los que ocupan esos cargos no son mejores que esos a los que les toca juzgar. Pero ellos son los que visten o vistieron la toga, como Troyano, Spadafora, Pereira, Almengor, Moncada Luna, Benavides, Ayú Prado y ahora De León y Ortega. Desgraciadamente, esas son las caras de la justicia panameña. La Corte Suprema de Justicia es una fonda donde se regatean y sirven, en platos de cartón, fallos al gusto de los clientes. A cambio, los magistrados esperan el pago por el plato y quizás hasta propina.

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