La cultura de la criminalidad organizada ha penetrado entidades clave para el buen funcionamiento de la justicia y de la economía nacional. El escándalo de las fincas “sacapresos”, que consistía en el uso de propiedades sobrevaloradas como fianzas para obtener la libertad de procesados en delitos de corrupción y otros, tiene un nuevo capítulo. En una serie de diligencias se ha detenido a cinco personas, entre las que hay funcionarios del Registro Público que presuntamente colaboraban en la falsificación de certificaciones de la Anati y de la Dirección General de Ingresos. Esto parece ser la punta del témpano de hielo, ya que toda red de delincuencia organizada necesita de sus informantes, intermediarios y padrinos. Este es otro claro ejemplo de que no hay acto de corrupción pequeño, y demuestra ampliamente la necesidad de seguir estas pesquisas. Panamá no se puede dar el lujo de perder la confianza en los documentos y certificaciones de sus instituciones públicas, como tampoco se puede permitir la duda acerca de las fianzas consignadas en los tribunales y aceptadas por los jueces.