Hoy por hoy

La Asamblea tiene en sus manos, desde el año pasado, dos proyectos de ley que son necesarios para mantener a Panamá alejada de las listas de los considerados paraísos fiscales. Esos dos proyectos –el 591 y el 692– están estancados, porque los diputados alegan que el Ejecutivo les ha advertido que deben aprobarlos “sin que se le introduzcan modificaciones”. El Ejecutivo sabe perfectamente que es derecho de los diputados hacer las modificaciones que crean pertinentes, pero estos no deben olvidar que tienen que respetar el espíritu de los proyectos, pues, de otra forma, seguiremos afectados por las acciones de organismos internacionales, con las negativas consecuencias que se pretende evitar. Los diputados también alegan que la discusión de estos proyectos debe hacerse con la participación de todas las bancadas, y tienen razón. La ausencia de diputados atrasa las discusiones y su presencia quizá hasta enriquezca el análisis. Lo cierto es que el próximo mes, en Europa se hará una revisión de las listas, y sin la aprobación de estos proyectos, seguramente apareceremos en ellas, incumpliendo compromisos adquiridos como Estado. Lo importante ahora es que se discutan ambos proyectos lo antes posible, responsabilidad que no solo es atribuible al Legislativo, sino al Ejecutivo, que tuvo tiempo suficiente para elaborarlos, enviarlos, explicarlos y darles seguimiento en la Asamblea, en lugar de estar con correderas de última hora.