Hoy por hoy

Panamá es un país en el cual los escándalos nuevos tapan a los viejos. Dada la lentitud del sistema judicial y la poca capacidad de auditoría y fiscalización de la Contraloría General de la República, es muy fácil que las investigaciones por corrupción queden en el olvido. Por eso hay que celebrar que el Ministerio Público haya seguido adelante con la investigación pertinente al mal uso de fondos públicos a través de las juntas comunales de casi todo el país, pesquisas que -exceptuando a las de la provincia de Panamá-continuarán bajo el sistema penal acusatorio. Esta buena noticia permite que los ciudadanos tengamos esperanza de una justicia más rápida y que, por tanto, se aclare con prontitud toda la tenebrosa trama que convirtió a las más humildes juntas comunales del país en bastiones del blanqueo de capitales para los políticos de todos los bandos, siempre y cuando aceptaran las jugarretas del gobierno pasado. Los casos de corrupción de alto perfil, como el de las juntas comunales, enfrentan una carrera contra el tiempo, ya que lamentablemente es muy posible que el cambio de gobierno en los próximos meses represente una modificación de las prioridades en la lucha contra la corrupción. Es así, entonces, que los panameños debemos exigirles a todos los participantes en la contienda electoral, que las investigaciones y auditorías continúen, y que se les asignen más recursos a las instituciones de justicia.