El 5 de mayo de 2019 es un día en el cual todos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho de votar en las elecciones generales. Cada uno de esos sufragios es igual a los demás. Pero esa igualdad entre votantes no es extensiva a los candidatos, ya que los aspirantes a cargos de elección popular están compitiendo en un plano desigual. Así, mientras cada uno de los candidatos presidenciales por la libre postulación recibió 1 dólar con 46 centavos por firma, cada partido político obtuvo 1 millón 579 mil dólares por el simple hecho de ser una organización reconocida por el Tribunal Electoral. Adicionalmente, los cinco partidos que compitieron en las elecciones de 2014 tienen más de 30 millones de dólares en financiamiento pagados de los impuestos de todos los ciudadanos, y que son distribuidos de acuerdo con los votos recibidos en la elección presidencial pasada. Este es un esquema perverso que no disimula la inequidad en el financiamiento público, y que además sujeta a los candidatos por la libre postulación a los topes de gastos de campaña aplicables en esta elección, y a la regla de que la publicidad electoral solo puede ser pagada con fondos públicos. En un mundo perfecto, en el que no existieran las planillas de la Asamblea Nacional, las donaciones a fundaciones controladas por diputados o los misteriosos bates de 400 dólares, se podría suponer que la competencia desigual es casual. Una tarea para la próxima comisión de reformas electorales.
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09 mar 2019 - 05:00 AM