Esta semana el drama judicial del expresidente de la República Ricardo Martinelli se multiplica por tres. Mientras en la Plaza Ágora se intenta avanzar en el caso de los pinchazos, en la Corte Suprema de Justicia se ventiló la apelación al enésimo habeas corpus interpuesto para liberar al extraditado exmandatario, y como si fuera poco, en el Tribunal Electoral se inicia la audiencia de impugnación de sus candidaturas a cargos de elección popular. La ciudadanía enfrenta un alto grado de incertidumbre sobre el futuro de la justicia en Panamá. Han transcurrido casi cinco años de investigaciones, diligencias, tramitaciones fallidas, una extradición y un proceso interrumpido ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que está en juego no son los vericuetos y leguleyadas que paralizan a los tribunales panameños, sino el propio Estado de derecho. Mientras miles de procesados esperan sus audiencias y su derecho a un debido proceso, hay otros cuyas fortunas y los tentáculos del poder les favorecen para aplicar sus propias reglas, iniciando y suspendiendo casi que a voluntad las ruedas de la justicia. Hay muchas lecciones que aprender de esta situación, quizás la principal sea que alcanzar una verdadera justicia es la tarea prioritaria de este país.
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09 abr 2019 - 05:00 AM