Hoy por hoy

Estamos próximos a que se cumpla un año desde que el presidente Juan Carlos Varela vetó el proyecto de ley 514 de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y que excluía a las empresas culpables de beneficiarse de contratos públicos. El gobierno de Varela se quedó corto en la lucha contra la corrupción y el saneamiento de la administración pública. En los cinco años de su mandato se iniciaron investigaciones desde el Ministerio Público, pero se hizo muy poco por reformar el marco jurídico e institucional que facilita la gran corrupción en Panamá. No hay legislación contra los conflictos de intereses, no existe la obligatoriedad de hacer pública la declaración patrimonial de los funcionarios, ni se han fortalecido los controles que impedirían que la corrupción empresarial prospere en nuestro país. Por otra parte, ni al Ministerio Público ni al sistema de justicia se les concedió el presupuesto suficiente para enfrentar adecuadamente las tareas de investigar y enjuiciar a los responsables del peor latrocinio sufrido por el país. La lucha contra la corrupción queda pendiente. Es vital que el nuevo gobierno la emprenda con el compromiso de construir un país decente.