Hoy por hoy

El Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional surgió en 1991, como un mecanismo protector de la joven democracia. Entonces, como ahora, el Consejo debía detectar, identificar, analizar y darle seguimiento a las amenazas más serias y graves contra la estabilidad democrática, el Estado de derecho y el bienestar de los panameños. Esta entidad es la única institución oficial que puede tener equipos de espionaje y de inteligencia en nuestro país. Precisamente por esta razón, el marco institucional del Consejo es sumamente importante para la democracia. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli se decretó que el Consejo perdiera su naturaleza interinstitucional para convertirse en una agencia que respondía directamente al presidente de la República. Ahora, el ministro de Seguridad designado por el gobierno entrante ha indicado que se harán reformas legales para que el Consejo no pueda judicializar información. El muy loable propósito confunde la enfermedad con la sábana, ya que el problema del Consejo no es su capacidad de generar información, sino quién la controla y lo que hace con esta. Este debate debería incluir a la Unidad de Análisis Financiero, principal ente de combate del blanqueo de capitales, y que también está adscrito a la Presidencia de la República. Una sociedad abierta necesita de instituciones de inteligencia civiles que funcionen bajo el imperio de la ley y para hacerla cumplir.