Hoy por hoy

La política nacional de energía está distorsionada por conflictos de interés e incapacidad administrativa. Desde que el sistema nacional de generación, transmisión y distribución eléctrica fue privatizado hace más de dos décadas, las expectativas de los consumidores eran que la energía sería más barata, confiable y segura. La realidad hoy son las constantes interrupciones de servicios. Este es el resultado de una crónica falta de inversión y de un inadecuado mantenimiento por parte de las empresas distribuidoras de electricidad. En 2013 se renovaron los contratos de las concesionarias, sin que exista constancia de que la ASEP haya verificado si habían cumplido con todo lo pactado. La interrupción del servicio eléctrico y la falta de una mayor incorporación de comunidades rurales e indígenas al sistema es una causa directa de la pobreza y la pérdida de competitividad del país. Las regulaciones bizantinas en materia de protección a los usuarios y la frágil institucionalidad frente a las empresas distribuidoras mantienen al país en las tinieblas.