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Las revelaciones del escándalo Odebrecht, compartidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, arrojan luz sobre la tenebrosa trama de la empresa brasileña. Para los panameños, esto significa que se pagaron más coimas en nuestro país y que obras emblemáticas, como el Metro de Panamá, sirvieron para sobornar autoridades locales y de otros países. ¿Quiénes son Aguia, Amigo da Onca, Salario, Cachaza, Canario, Periquito o Yemanja, Cavaleiro o Stalin? Entre estos apodos se asoma la punta de lanza de la cultura de la corrupción de la clase política panameña. Es obvio que el Órgano Judicial debe concederle al Ministerio Público la prórroga a la investigación o, de lo contrario, perderemos la oportunidad de ver que se haga justicia. Si se verifica que algún ejecutivo de la empresa mintió u ocultó información a los fiscales, le debe caer todo el peso de la ley, sin contemplaciones. El nuevo gobierno debe asumir la lucha contra la corrupción como política de Estado, y tiene que comprometerse con los cambios legales que pongan al país a tono con el desafío del caso Odebrecht. No hacerlo equivale a mantener vigentes los mecanismos que hicieron posible este atraco.

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