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La ampliación de la vía Omar Torrijos se ha convertido en un ícono de la devastación predatoria y la negligencia gubernamental. Su impacto adverso sobre 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces generó fundados cuestionamientos que llevaron a organizaciones ambientales, residentes del área y al Municipio de Panamá a presentar una denuncia penal sin precedentes contra el MOP y Miambiente. En su prisa por echar a andar este proyecto, las autoridades no tuvieron en cuenta diseños que pudieran evitar o reducir afectaciones; tampoco se examinaron alternativas que no fueran invasivas para evitar perjuicios al área protegida. Como si fuera poco, cuando la obra tenía 10% de avance y se había arrasado el bosque, el MOP sacó de su chistera un truco insólito, al iniciar trámites para rescindir el contrato suscrito con el consorcio a cargo del proyecto, con base en una serie de incumplimientos. Desde entonces, las obras están paralizadas sin que nadie del gobierno saliente diera explicaciones coherentes sobre su futuro inmediato. El presente impasse ofrece una oportunidad para que las nuevas autoridades investiguen las irregularidades que han distinguido este proyecto, consideren medidas congruentes de mitigación -si es que cabe alguna a estas alturas- y sancionen en forma ejemplar a aquellos que exhibieron semejante despliegue de irresponsabilidad, faltando, a la vez, a sus deberes como servidores públicos.

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