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Con el cambio de gobierno se activa una obligación generalizada para los altos funcionarios de la administración saliente y de la entrante: la entrega de la declaración patrimonial jurada. Por mandato constitucional desarrollado por la Ley 59 de 1999, estos funcionarios deben entregar a la Contraloría General de la República, una declaración notariada en la que identifiquen todo su patrimonio. A pesar de que el procurador de la Administración afirmó, en 2015, que este documento debía ser de acceso público, la opacidad continúa. Además no existe una auditoría automática de los bienes declarados, y hay numerosos funcionarios, con importantes responsabilidades, que no están obligados a presentar este documento. La administración Cortizo tiene la oportunidad de hacer un gesto de transparencia publicando todas las declaraciones patrimoniales de su gobierno. Es hora de que esta declaración sea la herramienta preventiva que necesitamos contra la corrupción y los conflictos de intereses. Este desafío bien puede ser el primer paso para que el buen gobierno demuestre su voluntad y compromiso con la transparencia.

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