Hoy por hoy

Cinco años han transcurrido desde que la operación Lava Jato en Brasil se inició. Lejos de cerrar el caso, cada día que pasa se abren nuevas líneas de investigación. En Panamá, jueces y magistrados, en cambio, parecen muy comprometidos con los investigados, acusados y sospechosos, pues invariablemente, las víctimas son la última prioridad cuando los imputados despiden ese nauseabundo olor a políticos corruptos. Mientras a todo el país le repugna el putrefacto olor, los administradores de justicia parecen disfrutarlo. La decisión de cerrar la investigación del caso más emblemático de corrupción -probado y confeso- solo demuestra hasta dónde están comprometidos los magistrados con la podredumbre, hasta dónde están dispuestos a llegar para tapar, enterrar y silenciar. Sus decisiones no solo convierten el país en el hazmerreír internacional, sino que nos dejan como provincianos en materia de justicia. No contentos con ello, los mismos magistrados confirmaron el sobreseimiento de todos imputados en el caso de la Caja de Ahorros, entre los que figuraba el exvicepresidente Pipo Virzi. La decisión de estos magistrados –que en el caso Odebrecht dejan fuera de la investigación el período del expresidente Martín Torrijos (2004-09)– marca con una gruesa línea el futuro de los casos de corrupción en Panamá. Y todo ello ocurre cuando el PRD, liderado por Laurentino Cortizo, cumple apenas un mes en el poder.

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