Son muchos los problemas que afronta el país, pero algunos de ellos requieren soluciones urgentes. Cada día que pasa nos acercamos peligrosamente a un estado de justicia fallido. Está claro que sin jueces imparciales –es decir, que no respondan a criterios políticos o a la corrupción– el país se juega algo mucho más importante que dejar en libertad a un delincuente. Sus amañadas sentencias pueden hacer daño a la economía, a la imagen del país, perjudicar la atracción de inversiones extranjeras, propiciar el ingreso en listas sancionatorias, alterar la paz social y la gobernabilidad. Incluso, se puede ver afectada la seguridad nacional. No es poca ni cualquier cosa. Lo único que necesita la delincuencia organizada, la corrupción gubernamental, el narcotráfico y hasta un criminal común es que los jueces se vendan o hagan favores de cualquier tipo. Basta eso para poner al país de rodillas. Y el Gobierno debe entender que su responsabilidad es que la justicia no colapse. Y tiene responsabilidad en ello porque nombra a magistrados, porque sus políticos meten sus manos y pies en la justicia, porque en sus filas se mueve el narcotráfico a sus anchas, incluso bajo protección política y legal. Mirar hacia otro lado es solo permitir la expansión de las fronteras de la delincuencia a niveles aún insospechados. Si ahora el Gobierno no hace algo, terminaremos con un Estado fallido. Basta ver lo que ocurre en Venezuela.