Hoy por hoy

Panamá adelanta planes para tratar de salir de las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Ayer se reunieron representantes de los tres órganos del Estado y de la Procuraduría General de la Nación para elaborar una estrategia con ese fin. De acuerdo con la Presidencia de la República, el tema se tocó como parte de la agenda de Estado, fundamentada en una lucha frontal contra la corrupción, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, transparencia, fortalecimiento de instituciones y el respeto efectivo de las leyes. Pero estos temas pasan por el Órgano Judicial, que parece complacido de que el país permanezca en esas listas. Es gracias a sus acciones –o la falta de ellas– que el país se mancha por su incompetencia; por la corrupción que reina en el sistema judicial a todo nivel; por la impunidad que promueve al impedir que los corruptos paguen por sus acciones; porque el blanqueo de capitales sea un negocio próspero; porque es responsable de que los funcionarios irrespeten, violen y les importe muy poco con la Ley de Transparencia y cuanta ley exista si los involucrados son sus amigos los políticos. Y sobre institucionalidad, ni siquiera pueden hablar de ella cuando la carrera judicial es letra muerta en ese órgano estatal. Estamos en esas listas, porque aquí sencillamente no hay justicia.

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