Hoy por hoy

Hace ocho años, la Caja de Seguro Social (CSS) contrató a un consorcio para que, por la suma de 123.4 millones de dólares, ofreciera el servicio de diálisis y hemodiálisis a los pacientes asegurados, durante tres años. Pero el contrato se mantuvo vigente; a través de cuatro adendas se extendió el tiempo de servicio, sin aumentar el costo. En abril de 2017, entró en vigencia una quinta adenda por 59 millones de dólares, que vence el próximo 31 de octubre. En todo este tiempo, la CSS no ha sido capaz de completar una licitación para los servicios de diálisis y hemodiálisis, por lo que nuevamente se hace necesario negociar una adenda -la sexta- para garantizar estos delicados servicios médicos. Con el costo de esta contratación se habrían podido desarrollar facilidades propias por parte de la CSS. Lo que surgió en 2011 como una respuesta temporal a una necesidad urgente, se ha transformado en una situación prolongada innecesariamente por la burocracia y la tramitología de los procesos de contratación pública. Ahora que se reforma la Ley de Contrataciones Públicas, casos como el de los servicios de diálisis y hemodiálisis deben servirnos de modelo para diseñar un sistema de normas que facilite las buenas contrataciones, y que obligue a las instituciones del Estado a que estudien si la opción de tercerizar los servicios es mejor que desarrollar sus propias capacidades.