Hoy por hoy

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial interpuso tres denuncias penales ante el Ministerio Público para que se investigue la presunta comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, en los programas Techos de Esperanza y Sanidad Básica, desarrollados por la anterior administración. Por otra parte, en un operativo de la Alcaldía de Panamá y la Policía Nacional, se logró detener a los presuntos miembros de una red de funcionarios y exservidores municipales que se dedicaban a coimear a la ciudadanía. Estos son ejemplos de lo que deben hacer las autoridades. Los servidores del Estado deben entender que es su obligación poner en conocimiento de la autoridad la supuesta comisión de delitos, sobre todo si se trata de fondos públicos. Esta acción no es persecución política ni una pérdida de tiempo. Por el contrario, es la manifestación del compromiso real con la lucha contra la corrupción. Es una lástima que después de cada gobierno este sea el espectáculo común. Si falta la rendición de cuentas, y está ausente la certeza del castigo por parte de tribunales íntegros y eficientes, no hay futuro posible para nuestra democracia. La corrupción y la impunidad son los peores venenos del cuerpo social.

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