Hoy por hoy

Contratar con el Estado es el curso regular de muchas empresas, algunas con un buen historial de cumplimiento, y otras, con una trayectoria verdaderamente cuestionable. El novel gobierno del presidente Cortizo ha tenido que enfrentar proyectos de administraciones anteriores, que en un caso han necesitado, por ahora, de seis adendas para ver si cumplen. Estamos asistiendo a un carnaval de adendas en las que tanto el tiempo de entrega como el precio de las obras ha tenido que ser cambiado. En otras palabras, lo licitado por estas empresas en materia de precios y de entrega de los trabajos ha sido incumplido. La flexibilidad frente a las adendas representa una razón por la que se debe reformar la legislación de contratación pública. ¿Como es posible que una empresa gane una licitación, usualmente con el mejor precio, para luego negociar sobrecostos? Esto pone en desventaja a los demás postores que ofrecieron precios reales y calendarios de cumplimiento puntuales. La prevalencia del juega vivo hace que no solo se despilfarre el patrimonio del Estado, si no que vidas humanas se vean afectadas por la falta de hospitales, o por redes viales en malas condiciones. Hasta cuando con este calvario.


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