Hoy por hoy

La propuesta de reformas de la mal tratada ley de contrataciones públicas avanza incorporando nuevos principios en las compras estatales. Se busca premiar a empresas locales en contrataciones municipales menores a 50 mil dólares. Esto, que en principio parece positivo, puede degenerar en contrataciones a entes vinculados a diputados, alcaldes y gamonales de pueblo, lo que desviaría por completo su propósito. La legislación de contrataciones públicas es el mejor vehículo para que el Estado y los municipios fomenten el emprendimiento, la inclusión productiva y la innovación empresarial. Es relativamente fácil concebir un sistema de compras que recompense a aquellas empresas con mayor mano de obra local, con más insumos panameños o con una menor huella de carbono que impacte al ambiente. Nada de esto aparece en los borradores de las discusiones. La pérfida idea de permitir sobreprecios a empresas supuestamente locales, terminará deviniendo en una fuente de corrupción y clientelismo político permanente. Entre 2016 y 2018, se le desembolsaron 728.7 millones de dólares a los gobiernos locales, sin que exista un atisvo de que se haya resuelto un solo problema comunitario en este país.

Edición Impresa