Hoy por hoy

Todavía es prematuro celebrar algún avance significativo en las discusiones del proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas, pero hay señales importantes que merecen ser reconocidas. Un grupo de diputados ha propuesto que se excluyan de las licitaciones y compras públicas en Panamá a aquellas empresas condenadas internacionalmente por corrupción. Aunque a primera vista la iniciativa es buena, hay que tomar en consideración lo complejo del tema. ¿Cuáles son los países en cuyos sistemas judiciales se puede confiar? ¿Cómo se va a actualizar el listado de empresas condenadas? La tarea es más complicada cuando se contempla la situación de empresas que hacen joint venture, que conforman alianzas estratégicas o tienen filiales independientes. Esto no debe desalentar la propuesta; por el contrario, debe instar a sus promotores y a toda la ciudadanía interesada a buscar mecanismos que envíen el mensaje de que en Panamá no queremos empresas corruptas. Quizás necesitemos ayuda internacional para lograrlo, pero ese primer paso vale la pena y es necesario para el bien del país.

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