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Los delitos contra la libertad y la integridad sexual de menores de edad van en aumento en la sociedad panameña. Y aunque las cifras ya son lo suficientemente alarmantes, no es menos cierto que detrás de ellas hay casos que son vilmente ocultados, porque el perpetrador tiene conexiones políticas, económicas o sociales y otros de los que nunca se llegará a conocer por vergüenza familiar, entornos sociales disfuncionales o falta de acceso a la justicia. Y es que las víctimas de estas atrocidades pueden aspirar a que, en el mejor de los casos, sus verdugos lleguen a ser condenados por las autoridades judiciales, pero poco se hace con respecto a la cicatriz que semejante trauma deja en sus vidas. Hay muchas causas detrás de esta infamia. Es harto coprobado que la mejor y más efectiva forma de prevenirla es mediante la implementación de la educación sexual integral. Esta herramienta ha funcionado en múltiples países para reducir las tasas de abuso contra infantes, niñas y adolescentes, mientras que en Panamá seguimos siendo rehenes del oscurantismo religioso, de la clase política y de la ignorancia familiar. Basta ya de tanta mezquindad.

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