Hoy por hoy

La trama detallada en las páginas de este medio en el caso de la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa) revela que existe un mercado negro de fallos que se pueden comprar fácilmente con los “contactos” adecuados. No cabe duda de que se había orquestado un escenario para propiciar la corrupción entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo pueden negar, se pueden quejar y se pueden hacer los desentendidos, pero las pruebas están a la vista y solo los necios siguen alegando que es inexistente el comercio de sentencias proferidas por nuestros máximos jueces. Y este no es el único caso en el que se habla de compra de fallos. Magistrados han perdido la visa a Estados Unidos, ya que ese país se las ha retirado alegando corrupción. En España, un abogado hablaba abiertamente de cómo ha comprado fallos en Panamá o la denuncia de un empresario chiricano que alegó –pruebas en mano– las mismas acusaciones. No es, pues, una conjura contra el Órgano Judicial, sus jueces o magistrados. Por el contrario, se trata de una conjura –perpetrada diariamente– contra la justicia, en la que muchos jueces han convertido sus oficinas en un puesto de subasta.

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