Actualmente, se habla mucho sobre “justicia selectiva” en Panamá para referirse al trato diferenciado que se le está dando a cierto grupo de individuos presuntamente involucrados en delitos de corrupción. Desde que estallaron los escándalos de Odebrecht y más recientemente el de “Blue Apple”, ha habido un desfile de personajes por las fiscalías del Edificio Avesa que ha puesto a prueba nuestro sistema de justicia.
Mi abuelo me decía que tan ladrón es el que se roba 1 dólar como el que se roba 1 millón de dólares. Así suena la lógica popular, pero tal parece que el sistema de justicia funciona desde una perspectiva muy ajena a la de la mayoría de los ciudadanos.
Vemos cómo ante un mismo caso se otorgan medidas cautelares distintas, aparentemente en función de ciertas características inherentes al sujeto procesado. Se habla de casos de “alto perfil” no tanto por las cuantías de los activos comprometidos, sino más bien dando a entender la categoría de los involucrados. Esto, sin lugar a duda, nos lleva a pensar que no todos somos iguales ante la ley.
Lo lamentable es que nadie nos da una explicación clara y objetiva de lo que realmente sucede. Los afectados en los procesos utilizan el concepto de justicia selectiva como argumento expiatorio (muletilla de la defensa), mientras que las autoridades simplemente niegan que tal cosa ocurre y que actúan con estricto apego a derecho.
Sin embargo, no puedo recriminarle a mis compatriotas su desconfianza en el sistema de justicia cuando todos vemos cómo a Pablo Pueblo se lo llevan a La Joyita por robarse una gallina, mientras que a Ricky Ricón le dan casa o país por cárcel al apropiarse indebidamente de los dineros del pueblo.
Mi ideal sigue siendo que la actividad jurisdiccional no debe tener ningún sesgo y que la imparcialidad es el atributo esencial en la administración de justicia. No niego que a veces tiendo a pensar que “el poder”, en cierto modo, ha construido una justicia a su medida, partiendo de su propia concepción de lo justo, pero luego se me pasa. No puedo matricularme con una opinión certera de que en Panamá existe una justicia selectiva, porque como lega en derecho carezco de las competencias y particularmente de los elementos probatorios para llegar a tan delicada proposición. Por el momento, solo tengo mi humilde y silvestre percepción de ciudadana. Lo que sí me parece que vulnera el principio de igualdad ante la ley, y por ende propicia la selectividad, es el hecho de que existan individuos con fueros u otros privilegios especiales que los hacen inalcanzables para la justicia ordinaria. Eso se tiene que acabar.
Hago un llamado a la juventud de este hermoso país para que nos interesemos más en los asuntos de Estado, y si es verdad que el futuro es nuestro, asumamos el reto de construirlo desde ahora con responsabilidad.
El autor es estudiante de maestría de la U I P