Amenaza social

Impacto de la corrupción en salud

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La corrupción es el más importante determinante social del desempeño del sector salud y limita la posibilidad de alcanzar los logros deseados en salud. Su presencia la favorece el contexto político, social y económico definido por la clase gobernante de un país. Lamentablemente nuestro escenario político es percibido por la población como un determinante social de inequidades, ineficiencia pública y corrupción impune; al punto que el arzobispo de Panamá llegó a asegurar el pasado domingo 15 de abril que “Panamá continúa herido por la corrupción, la falta de justicia expedita y una justicia para algunos es injusticia para otros”. Y como si fuera poco, el remezón añadió que “también urge que quienes ostentan el poder en sus diversas manifestaciones se empinen sobre sus intereses personales, de partidos o ideologías, para rescatar la dignidad de nuestro pueblo que se ve pisoteada cada día con los escándalos de corrupción, con la ausencia de una sólida institucionalidad y de un desarrollo económico inclusivo, que permita a todos oportunidades de una vida digna”.

Por su parte, la ONU afirma que “la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social, y tiene un impacto en la educación y la sanidad. Se calcula que cada año se roban $2.6 billones mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial”. Si aplicamos estas estimaciones de la ONU a nuestro PIB, el cual ascendió a $287 mil 400 millones en los últimos 10 años, resulta que como nos señaló el PNUD, el 5% pudo haberse quedado en los bolsillos de los políticos corruptos. Esa cifra equivale $14 mil 400 millones en los últimos 10 años.

Con este panorama en mente analicemos la situación de algunos indicadores de salud, enfermedad y muerte, así como sus factores de riesgo, y reflexionemos sobre cuáles estrategias e intervenciones en salud se pudieron hacer cada año, si hubiéramos contado con esos miles de millones que fueron a parar a los bolsillos de políticos corruptos. No afirmo que solo por el robo de dinero tenemos una determinada situación de salud, pero sí afirmo que es un factor determinante de muchísimo peso. Y reconozco que, aún en este escenario, nuestros funcionarios de salud se mantienen comprometidos y ponen cada día su mejor esfuerzo.

Cuáles intervenciones pudimos llevar a cabo con ese dinero para evitar las 9 mil defunciones que tenemos cada año en el territorio nacional, como consecuencia de enfermedades circulatorias, tumores y diabetes mellitus; o las 450 defunciones en accidentes de tránsito. Las tres enfermedades señaladas, así como los accidentes, están relacionadas en forma directa con estilos de vida asociados a factores de riesgo para la salud y la vida, y con la insuficiente capacidad de nuestro sistema público de salud para la promoción de la salud, prevención y tratamiento oportuno y apropiado.

Por otro lado, las estadísticas disponibles demuestran cómo a medida que aumenta la pobreza, disminuye la esperanza de vida y aumenta tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil. Es decir que el sistema que propicia la desigualdad condena a los más pobres a vivir menos, aumenta el riesgo de las madres y recién nacidos de morir en un evento que debería ser una celebración. Y no se trata de afirmar irresponsablemente que la desigualdad es totalmente evitable, no lo es, pero debe reducirse la brecha, que sí es reducible, para que todos gocemos de la mejor salud y el mayor bienestar posible de acuerdo con la riqueza del país.

Termino citando a nuestro arzobispo en su homilía “llegó la hora de que como ciudadanos clamemos y exijamos honestidad, transparencia en la cosa pública, ética y moral, especialmente de quienes tienen las responsabilidades políticas, económicas, sindicales, culturales, religiosas, en las comunicaciones”. ¿Qué estamos esperando?

El autor es ciudadano

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