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Incompetencia e impunidad

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Incompetencia e impunidad

No soy abogado ni tengo acceso a la evidencia de los presuntos actos de corrupción. Soy un simple espectador que forma criterio con base en lo que lee o escucha de diversas fuentes. Me gusta acceder a todas las versiones posibles antes de emitir una opinión, porque hay diferencias notables entre una noticia difundida por La Estrella, La Prensa, Panamá América, TVN, Medcom o NexTV, contada por el PRD, CD, Panameñista, sector independiente o “sociedad civil” y arbitrada por Ministerio Público, tribunales de justicia o Corte Suprema. La enorme polarización de apreciaciones sobre el caso de la Caja de Ahorros es un buen acicate para el título de esta columna. El color del cristal con que cada persona interpreta un supuesto delito posee una banda espectral más amplia que la del arcoíris.

El tema Odebrecht es un mejor ejemplo de incompetencia e impunidad. La Procuraduría ha actuado de manera parsimoniosa y torpe, quizás contagiada por el estilo del gobierno que la cobijó. Se dedicó a admitir acusaciones sin mérito, más de índole administrativa que judicial (CSS, Meduca), perdiendo tiempo valioso para investigar las tramas más emblemáticas de potencial corrupción. Violación al debido proceso y exceso en detención preventiva entorpecieron la calidad y legitimidad de sus actuaciones. Las garras de los fiscales fueron solo enfiladas hacia miembros del CD, escondiéndolas ante los indicios internacionales sobre la implicación del círculo “varelista” y del PRD en las coimas correspondientes. Estas fallas propiciaron que jueces y magistrados, de forma correcta o espuria, hayan decidido no dar más prórroga a las pesquisas. El espectáculo jurídico global parece más bien una coartada ideada para la impunidad.

El juega vivo está mucho más arraigado de lo que la sociedad desea reconocer. La Real Academia define corrupción así: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. O sea, ni es exclusiva del sector público ni el delito es solo monetario. Las formas de corrupción más comunes son uso ilegítimo de información privilegiada, soborno, tráfico de influencias, extorsión, fraude, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo, cooptación, nepotismo, defraudación fiscal, abuso de autoridad e impunidad. Otra modalidad es la complicidad entre los distintos poderes y los medios de comunicación. El contubernio incluye filtrar selectivamente las indagatorias a determinados reporteros o relacionistas civiles, pactar propaganda estatal en solo algunas televisoras, maquillar la información adversa de empresas anunciantes y cobrar por cuidar la imagen de funcionarios. Otro recinto de fetidez es la Asamblea, un antro donde los efluvios intestinales o psiquiátricos superan con creces a las conexiones neuronales. El negocio está siempre detrás de cualquier propuesta. Como indica un aforismo popular: “Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”.

El ilícito en Panamá tiene numerosos disfraces. Dependiendo del involucrado, la podredumbre se denomina coima, donación, ofrenda, comisión, cabildeo o proyecto de ley. Nuestra justicia absuelve al culpable, calumnia al inocente, enriquece al abogado, alimenta al periodista, entretiene al morboso y desangra al país. Tristemente, poca gente tiene autoridad moral para hablar. Con permiso de Ortega y Gasset, “cada uno es yo, mis circunstancias y mis intereses”. En nadie confío. Ni en mí.

El autor es médico

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