En la actualidad, Panamá vive una crisis institucional proveniente de la dictadura militar, y que continúa prevaleciendo hasta ahora, agravándose en los últimos dos gobiernos, donde reinó la corrupción desmedida y ha hecho metástasis, causando graves daños en el Estado. En otras palabras, nuestras instituciones se encuentran secuestradas.
Ahora más que nunca se han proferido amenazas contra la libertad de expresión y de prensa, mediante el hostigamiento judicial contra periodistas y comunicadores sociales, quienes hacen un loable trabajo al informar a la ciudadanía lo que sucede en Panamá. El más reciente es el del juez Leslie Loaiza a quien se le ha ocurrido amenazar con demandas a los que, con justa razón, se atrevan a criticar sus actuaciones judiciales que, por cierto, son válidamente cuestionables. No sé si se han dado cuenta que el artículo 198 del Código Penal prohíbe a los servidores públicos demandar por calumnia e injuria.
El escándalo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) ha causado mucha indignación. Es inconcebible cómo la corrupción ha secuestrado esta institución y las federaciones deportivas, que por cierto, algunas de ellas están presididas por diputados, quienes no deberían estar en esos cargos por la investidura que tienen. Sus acciones han dejado a los deportistas desprotegidos financieramente.
Por otro lado, la Asamblea Nacional ha sido severamente dañada por la corrupción. Cuando pensábamos que las planillas 080 y 172 habían desaparecido, los diputados buscaron otra forma de seguir emplanillando “botellas”, con la complicidad de la Contraloría. No conformes con eso, se atreven a chantajear al Ejecutivo para que les refrende los camarones introducidos en el presupuesto del Estado, bajo amenaza de no aprobarlo y seguir rechazando traslados de partidas.
Hablando de la Contraloría, me causó mucha indignación el hecho de que no hayan refrendado las becas de excelencia de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El contralor no se ha dado cuenta del daño terrible que le ha causado a aquellos estudiantes que están en el exterior. Ojalá rectifique su actuar.
El Tribunal Electoral ha estado en el ojo de la tormenta por lo sucedido con las primarias del panameñismo y la validación de las firmas de los precandidatos por la libre postulación, sobre todo con los presidenciables. Es inconcebible que haya caído en el error de no contabilizar todas las firmas en el último informe estadístico. Felicito a esta institución por rectificar el error de las firmas.
En otro tema, tenemos a una Corte Supema de Justicia que también está sufriendo los embates de la corrupción, donde se habla de una supuesta venta de fallos. Además, declaró como “cosa juzgada” la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 246-A del Código Electoral, donde solo se permite participar a tres candidatos de libre postulación por cada cargo de elección popular en las elecciones de 2019, en detrimento de los derechos constitucionales de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, creando un privilegio para los partidos políticos.
Es hora de mandar un mensaje claro de rechazo a la corrupción y exigir justicia. #NoALaReelección.
El autor es profesional de mercadeo