Se inicia un nuevo año escolar. Debe ser un espacio de renovadas oportunidades. El año lectivo presenta retos y desafíos para el sistema educativo, que tiene la misión de formar a 850 mil niños, niñas y jóvenes quienes ejercen su derecho a la educación. Su deber es educar a los líderes de nuestra nación, exponiéndolos a ambientes que desarrollen sus ansias por emprender y lograr nuevas metas.
Preocupa la alta tasa de deserción escolar y la descomposición familiar. Las cifras son alarmantes. En 2016, 38 mil 283 estudiantes desertaron, mientras que para 2017, 36 mil 860 salieron del sistema. Es necesario que, desde las comunidades, se desarrolle una conciencia colectiva de que el mejor camino es la escuela. Debemos hacernos el propósito de que este año cambiaremos esta realidad.
Inquietan las discrepancias entre la información oficial del Ministerio de Educación (Meduca) -16 escuelas de un total de 3 mil 86 centros oficiales iniciarían clases en sedes provisionales por no haberse culminado los trabajos de construcción- y lo indicado por la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), que asegura que 10 colegios oficiales no podrán iniciar clases de manera regular y que otros 32 lo harán confrontando atrasos tanto en el nombramiento de docentes como en las infraestructuras. Se habla de una afectación de al menos 15 mil 466 estudiantes. El problema administrativo es obvio.
Merece análisis el impacto del programa Panamá Bilingüe en el aprendizaje del idioma inglés de los beneficiarios. No es suficiente indicar el número de educadores capacitados o el dinero invertido. Es imprescindible analizar cuánto ha mejorado el dominio del idioma inglés en los niños que han tenido la oportunidad de ser atendidos por educadores beneficiarios del programa.
Chicos de 15 años serán evaluados en 2018 en la aplicación de la prueba del Programa para le Evaluación Internacional (PISA). Su última participación fue en 2009, cuando Panamá ocupó el lugar 62 de 65 países participantes. Se dejó de participar en 2015. El país perdió la oportunidad de conocer el impacto de los programas implementados desde entonces y de hacer política educativa basada en información objetiva. Tenemos una nueva oportunidad en 2018. Serán alrededor de 6 mil 300 estudiantes de 150 colegios públicos y privados que se someterán a la prueba regular. Es una meta que 2 mil 700 estudiantes sean parte de la prueba componente C, que intenta evaluar capacidades lectoras y matemáticas, de jóvenes que han dejado el sistema escolar. Esta vez, la información debe ser una brújula para mejorar el desempeño formativo de nuestra juventud.
Es un año preelectoral. 110 mil jóvenes votarán por primera vez en los comicios de 2019. ¿Están listos para ejercer el sufragio? Es crucial crear conciencia, promover el pensamiento crítico, analítico e independiente a través de la educación. Las aulas de clases deben ser espacios de libre expresión y debate, fomentando la capacidad de análisis y entendimiento. El voto del joven es importante: no puede ser influido por el clientelismo político.
Hay esperanza: se alcanzaron acuerdos importantes en el diálogo Compromiso Nacional por la Educación. Como joven, asumo y espero que lo acordado sea hecho realidad y que no sea un documento más. Les recuerdo a los tomadores de decisión que nosotros, los jóvenes, hemos sido los grandes afectados por la falta de voluntad en muchos casos de cambiar la realidad educativa del país. Esto tiene que cambiar.
La educación no puede concebirse como un ente ajeno a la comunidad. Las comunidades participativas son vías de aprendizaje para niños, jóvenes, familias y la sociedad en general. Volvamos la mirada a las escuelas. Lo que ocurra o no en ellas nos afecta a todos.
Involucrarnos en educación, no es una opción: es un deber ciudadano.
La autora es voluntaria de Jóvenes Unidos por la Educación