Llega a su final un juicio sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Ricardo Martinelli debe encarar al tribunal del juicio que se le sigue por delitos contra los derechos humanos y peculado. Decenas de ciudadanos panameños esperan justicia tras la flagrante invasión a su privacidad, un derecho tutelado, incluso, por nuestra Constitución.
Las pruebas de la interceptación de correos, teléfonos y operaciones de seguimiento han sido contundentes.
Tres jueces tienen en sus manos el escaso prestigio que le resta al Órgano Judicial. Dependerá enteramente de ellos que tengamos esperanza o que la perdamos por completo.
Y es que los panameños hemos sido testigos, a lo largo de este juicio, de un inescrupuloso y sistemático abuso del sistema judicial. El acusado desafió y burló el sistema una y otra vez con alegaciones de enfermedades en su mayoría inexistentes, entre otras acciones dilatorias. Ayudado por su costoso equipo de abogados, alargó innecesariamente un proceso que debió haber sido expedito, con garantía del respeto a su derecho a la defensa.
Fuimos testigos de jueces que, en el mejor de los casos, actuaron con timidez ante esa enorme batería de recursos legales presentados por la defensa, con el propósito de prolongar el juicio para evitar llegar a esta etapa, en la que se decidiría el peso del cúmulo de evidencias aportadas en su contra.
A pesar de ser el juicio más importante de las últimas décadas, el Órgano Judicial se lo tomó a la ligera. La Corte Suprema de Justicia renunció a la competencia del caso y lo pasó a la justicia ordinaria. Luego nombró en el tribunal del juicio a un juez que fue subalterno del procesado y que junto a otros dos magistrados interinos debe decidir el caso. Todos esperamos que se desprendan de sus ataduras pasadas por el bien de la justicia.
En conclusión, si algo hay que destacar de este juicio, sin duda, son los abusos: Abusos contra el sistema judicial; abusos en campañas mediáticas perpetradas desde los medios de comunicación propiedad del expresidente; abusos contra los fiscales que llevaron adelante el caso; abusos contra las personas que emitieron juicios de valor sobre el proceso o contra el acusado; abusos contra medios y periodistas que cubrían el caso. Ello, sin contar el abuso cometido contra, al menos, 150 ciudadanos panameños, quienes vieron su privacidad invadida y, en algunos casos, expuesta públicamente.
Lo que se decide en este juicio no solo concierne a las acusaciones, sino también a esos abusos. Como ya lo adelantó el cardenal José Luis Lacunza, a la justicia panameña le ha llegado la hora de ponerse los pantalones largos. Y solo hay dos caminos: justicia o impunidad. Sea cual sea su decisión, los nombres de los jueces pasarán a la historia. Y solo ellos –y nadie más– decidirán cómo quieren ser recordados. Esa será su herencia.