[VENEZUELA]

Justicia del horror

Es tenue e irrelevante lo que dicen la ONU y la OEA sobre la falta de independencia judicial en Venezuela. Rabia y dolor general concita el vejamen al que es sometido Leopoldo López.

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Justicia del horror

Pueden llamarse Susanas o Barreiros nuestros jueces del horror. Son esos quienes, a tenor de lo afirmado por un miembro innombrable del Tribunal Supremo de Justicia, cumplen con el deber de perseguir y condenar al que se oponga a la revolución bolivariana; despropósito criminal que entrega nuestro suelo a los hermanos Castro, disuelve la nacionalidad, acaba con el talante generoso que nos fuera propio a los venezolanos y desata nuestros lazos de afecto social y ciudadano para hacernos presa colectiva de la mendacidad.

De la mentira –como régimen y justicia del horror– habla crudamente y, con escalpelo en mano, el maestro Piero Calamandrei. “En verdad –dice– el régimen fascista fue algo más profundo y complicado que una torva ilegalidad: Fue la simulación de la ilegalidad, el fraude, legalmente organizado, de la ilegalidad”.

“Bajo tal sistema –señala– las palabras de la ley no tienen más el significado registrado en el vocabulario, sino un significado diverso... Hay un ordenamiento oficial, que se expresa en las leyes, y otro oficioso, que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes… La mentira política, en suma, que sobreviene en todo régimen, como la corrupción o su degeneración, en el caso del fascismo se asume como instrumento normal y fisiológico de gobierno”, concluye.

Durante la Alemania nazi, la personificación de ese horror de la injusticia es el juez Roland Freisler, presidente del Tribunal Popular. Como juez, jurado y fiscal al mismo tiempo, sus juicios son farsas célebres, llenas de crueldad y cinismo. En 1943 dirige los juicios contra los jóvenes estudiantes de Münich, manifestantes de la organización la Rosa Blanca –suerte de Voluntad Popular– y condena a la guillotina, sin inmutarse, a los hermanos Sophie y Hans Scholl. Y en 1945 juzga al teniente Fabian von Schlabrendorff, por complotar contra el Führer, a quien le dice que “le mandaría directo al infierno”. Pero este responde, “con gusto le permito ir adelante”.

Recordado por humillar de manera grosera a sus víctimas y hasta de quitarles los cinturones para que sus calzones caigan en estrados y los hagan motivo de burlas, sobre él se escriben páginas inenarrables y hasta se hacen películas de cine y televisión. La novela de Hans Fallada (Every Man Dies Alone) y el libro Los juristas del horror, de Ingo Muller, traducido al español por Carlos Armando Figueredo, son dos ejemplos.

La historia de la masacre de febrero de 2014, en Caracas, que concluye con muertos, heridos y torturados, víctimas de agentes del Estado regentado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es registrada en sus detalles con el instrumental del siglo XXI, para que siga viva y no se desfigure por la venalidad. Llegará el tiempo del juicio verdadero. No es el actual.

Lo que acaba de ocurrir, la condena a 13 años de cárcel de otro inocente –Leopoldo López y antes de Iván Simonovis– por una juez del horror, instruida a fin de que oculte lo probado y lo reduzca a su efecto secundario o adjetivo, agravándolo, como los destrozos de las puertas del Ministerio Público, es, cabe decirlo, una burda repetición entre nosotros de la Berlín del juez Freisler. No exagero. Es tenue e irrelevante, en tal orden, lo que dicen la ONU y la OEA sobre la falta de independencia judicial en Venezuela.

Rabia y dolor general concita el vejamen al que es sometido el símbolo de la democracia y el estado de derecho, Leopoldo. Ello es inevitable. Mas, ha de transformarse en punto de ignición del incendio de libertad que, Dios mediante, ocurrirá el próximo 6 de diciembre y derribe las rejas de nuestros ergástulos. Quizás como anunciación llega horas atrás y es desconocida por nuestra justicia del horror la reivindicación internacional de RCTV, cuya señal apaga el mismo régimen para instalar su totalitarismo comunicacional goebbeliano.

No se olvide que un segundo crimen de lesa humanidad es ejecutado en vísperas de la condena que profiere en calidad de amanuense Susana Barreiros: la expulsión masiva de población civil dispuesta por la diarquía dictatorial en contra de los nacionales de Colombia, como suerte de Holocausto del siglo XXI y trastienda, revelando desesperación y agonía. También pesará y perseguirá a sus responsables y a esos jueces del horror, en lo particular los que lo autorizaran con sus firmas desde el Supremo Tribunal. No por azar, observa Tomás de Aquino, lo peor ocurre cuando los mejores se corrompen: Corruptio optimi pessima.

Desde esta columna, así, vaya nuestra solidaridad con los hermanos expulsados hacia Colombia y los 98 presos políticos sufrientes de la mentira judicial, sus familias, esposas e hijos, en especial las de Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

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