Procuré callar estos días antes las opiniones emancipadas de varios ciudadanos que quizá desconocen el ambiente jurídico que se vive en la actualidad, frente a las múltiples posturas impulsadas por diferentes amigos y conocidos en sus ramas (entre pintores, biólogos, médicos, entre otros), así como abogados de la talla de Iván Chanis Barahona (al cual aprovecho para aplaudir con pálpito de honor ante elocuente y útil cátedra dada en televisión recientemente). Pero la verdad es que ¡no puedo!
Molesta sobremanera que desde 2008, cuando se produjo formalmente la despenalización de la sodomía y se signó la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género del 18 de diciembre de 2008, así como los Principios de Yogyakarta, sin menoscabar el hecho de que se encontraba impregnada la agenda nacional en un porvenir diferente, pero como el tenor de la frase “El que no conoce su pasado, está obligado a repetirlo”, muchos como el susodicho en televisión abren llagas que ya han sido o se han tratado de cauterizar, con palabras maliciosas, desinformadas, desfasadas e infundadas, que lo único que crean es discordia.
Soy un activista de los derechos humanos, consciente de que todos tenemos derecho a un trato jurídicamente igual, donde llama la atención la postura individual del juez Gio Grossi en su página 17 de la Opinión Consultiva No. 24 (en comento), donde nos indica que discriminación “es tratar a personas en condiciones iguales de manera diferente”, hecho que no ha sido transmutado por la opinión genérica de toda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoció en el caso Atala Riffo y niñas versus Chile, por orden del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos qué nuevos conceptos de discriminación pueden ser reconocidos (en la actualidad ya ha sido instituido el hecho de que la identidad de género y la orientación sexual son parte de estos “elementos protegidos”), por lo que su discusión de si está“bien o mal” ya ha sido desfasada por la propia realidad jurídica y social que vivimos hoy día.
Para cerrar líneas, es lamentoso que personas en pleno 2017 fragüen la voluntad humana y la dignidad de nuestra propia raza, valiéndose de falsos testimonios seudocientíficos o biológicos que la propia ciencia exacta ha logrado desmentir.
Nuestro compromiso como país y como pacto social democrático es el de abrir puentes para garantizar el más óptimo reconocimiento de derechos civiles y políticos (mismos recogidos como ius gentium o derecho de gente, normas por el simple hecho de existir) a todos por igual (hetero y homosexuales) que permitan configurar el fin último de los derechos humanos y un Estado de derecho: el logro de la paz, entendida como el estado de bienestar integral de todos y cada uno de los ciudadanos panameños, ello coadyuvará al mejor avance social y a la supervivencia de nuestra propia especie, a través del apoyo mutuo y el concretar un perfil de sociedad conforme a lo que va de la mano con el preámbulo de nuestra Carta Magna: “con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá”.
De aquí que solo con unidad y educación llegaremos lejos; hay que procurar educar antes que sancionar, aprender antes de criticar.
¡Unir antes de separar!
El autor es abogado y activista civil