En su reciente recorrido por el Centro de Cumplimiento de Menores de Pacora, el papa Francisco instó a más de 180 infractores que cumplen sentencia en este recinto ubicado en zona rural, en la periferia de la capital panameña, a no desfallecer en su intención de salir adelante y reinsertarse en la sociedad.
Los privados de libertad han sido predilectos del papa a lo largo de su papado. “Cuidado con la polilla de ‘no voy a poder', que los come por dentro. No le hagan caso cuando les dicen que no pueden. Todos tenemos un horizonte. ‘Yo no lo tengo’, puede decir alguno, abrí la ventana y lo vas a encontrar”, expresó en su característico acento argentino.
El camino es duro. En abril de 2008, el presidente norteamericano George W. Bush, firmó la Ley de la Segunda Oportunidad (Second Chance Act), cuyo propósito era reducir la reincidencia delictiva , aumentar la seguridad pública y ayudar a los estados y comunidades a abordar la creciente población de reclusos que regresan a las comunidades. Unos 166 mil adultos y jóvenes se han beneficiado de programas de reinserción, con una inversión pública acumulada superior a los $500 millones.
Pero en junio 2018, el Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó “Lecciones aprendidas de la Ley de la Segunda Oportunidad: Avanzando para fortalecer la reinserción de delincuentes”, que señala: “es importante destacar que la participación en los programas derivados de la Ley de la Segunda Oportunidad no ha reducido significativamente la reincidencia delictiva”.
En Panamá, a pesar de enormes esfuerzos y recursos en materia de prevención (públicos y privados) en los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú (7% de la población del distrito de Panamá), una revisión del informe “Detenidos en el distrito de Panamá, por corregimiento de ocurrencia, según sexo y falta o delito 2017”, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revela que 68% de las mujeres y 39% de los hombres detenidos en la ciudad de Panamá proviene de estos corregimientos.
Es más, entre 2012 y 2017 se redujo en 20% el número de mujeres detenidas en la ciudad de Panamá, pero en estos corregimientos su número aumentó en 165% (más del doble). En el caso de los hombres, su número se incrementó en 39%, a pesar de una reducción del 7% en la cantidad de varones detenidos en la ciudad en ese período de tiempo.
Aun cuando a nivel mundial no exista evidencia verificable y estadísticamente significativa de la relación entre esfuerzos e inversiones preventivas y la inclusión productiva de sus beneficiarios, debemos seguir apoyando y fortaleciendo estas iniciativas, midiendo su impacto, entendiendo sus limitaciones, y complementándolas con miras a la integración sostenible de sus participantes en el crecimiento económico.
No es lo mismo asistencialismo que empoderamiento económico o independización financiera. Los jóvenes (15-29 años) son un tercio de la población en edad productiva, y 2 de cada 3 panameños que buscan trabajo, pero en la última década solo obtuvieron 1 de cada 13 nuevos empleos. 1 de 4 de ellos ni trabaja ni estudia (2 de cada 3 “ninis” son mujeres), aportan 62% de la población penitenciaria y se ven involucrados en 2 de cada 3 detenciones que hace la Policía Nacional.
El reto es grande en el sexto país más desigual del mundo, donde más del 56% de sus adolescentes no culmina la educación media. Debemos preparar a estos jóvenes para reinsertarse a la sociedad, y a la sociedad para recibirlos. El “problema” no es de ellos, es nuestro.
El autor es asesor empresarial