El lunes 30 y martes 31 de octubre pasados, La Estrella de Panamá y La Prensa, respectivamente, publicaron reportajes sobre declaraciones del ciudadano panameño Jaime Lasso ante la fiscal anticorrupción Zuleika Moore. Lasso, exembajador de Panamá en Corea del Sur durante el gobierno de la alianza Martinelli-Varela, reveló con lujo de detalles cómo la empresa criminal Odebrecht, a través de él, ya con fundación, ya con empresas, todas de él, le hizo llegar al Partido Panameñista y a Juan Carlos Varela fondos supuestamente para la campaña de 2009 y luego, ya sin campaña, en los años 2011 y 2012.
Lasso declara que, en 2009, la suma fue de 700 mil dólares, cantidad considerada como insignificante por algunos defensores del presidente, cada vez más vinculado a los favores de Odebrecht. Y que entre 2011 y 2012 hubo varios desembolsos por 1.4 millones de dólares. Cabe anotar que Horacio Icaza en su cuenta de Twitter posteó, para esos días, que Odebrecht no daba donaciones, sino coimas. Dura sentencia que comparto, porque Odebrecht desde 1992, cuando su fundador Norberto Odebrecht cínicamente confesó que las coimas eran parte de la estrategia de la empresa para hacerse de contratos, lo que fue confirmado en 2015 al estallar el caso Lava Jato.
Las publicaciones de los dos diarios parece que quedaron en el olvido por fiestas patrias y por el aquelarre surgido en redes sociales entre detractores y simpatizantes de dos ciudadanas, activista una de un movimiento pro Varela en las pasadas elecciones y que ahora se presenta como independiente, y la otra, una diputada de la nación opositora al varelismo.
Antes de las declaraciones de Lasso había sospechas de que el presidente Varela debía haber recibido coimas de Odebrecht, más cuando Ramón Fonseca Mora declaró que su amigo Varela le había confesado que había recibido dinero de Odebrecht. Ya un ejecutivo de esta empresa criminal, Fernando Migliaccio, así lo había señalado, y Rodrigo Tacla Durán, desde España, también señaló los vínculos de Varela con Odebrecht.
Después de las declaraciones de Lasso, bajo la gravedad de juramento, ya no puede haber dudas. En el argot político Juan Carlos Varela debe ser un muerto político, o más bien un zombi político, un muerto que seguirá andando en el escenario porque en Panamá la justicia está blindada para los delincuentes de cuello blanco, con una procuradora que, igual que Ana Belfon, que Ricardo Martinelli sacó de ser subalterna de él en la Presidencia para que le sirviera en la Procuraduría, Varela hizo lo mismo con Kenia Porcell, la que trabajó seis meses nada menos que en el Consejo de Seguridad.
La mancuerna del blindaje se da por el otro operador de justicia, el Órgano Judicial, lo que nos vuelve a Fonseca Mora cuando comentó que Ayú Prado quedó de presidente de la Corte Suprema porque era manejable. Prueba de esto es que los magistrados nombrados por Varela, Russo y Cedalise, propusieron y votaron por Ayú Prado para presidente de la Corte Suprema en su primer acto oficial.
Las declaraciones de un testigo ligado a Varela deben marcar un antes y un después en la política nacional. Aquí no cabe beneficio de la duda. Cuántos ciudadanos están con la certeza de que Ricardo Martinelli y su equipo cometieron actos de corrupción contra la administración pública aunque no haya sido procesado. Igual certeza podemos tener de que Varela es reo de culpas similares. Esos que señalan a Martinelli no pueden abstraerse y menos disculpar a Varela, sin incurrir en esgrimir doble moral.
Aquí el problema es político más que jurídico. Como zombi político, el presidente profundizará la crisis. El Ministerio Público debe remitir el expediente en que Lasso implica a Varela a la Asamblea Nacional y esta procesarlo, removiéndolo del cargo y que la vicepresidenta asuma la Presidencia. Difícil que esto ocurra por el blindaje comentado y porque hay un pueblo en pausa.
Si ocurriera, la vicepresidenta pudiera conformar un gobierno de unidad nacional con representantes de todos los sectores y ese gobierno, de gente potable, convocaría a una asamblea constituyente que se elija en 6 meses, y luego, en no más de 1 año, tengamos un acuerdo nacional que refunde la República con una nueva Constitución y se vaya a elecciones bajo esa nueva Constitución.
Como no hay condiciones para esto, se debe usar la coyuntura electoral de 2019 para que el gobierno que salga haga un ejercicio similar y nos dé esa nueva República que Panamá se merece.
Que Jaime Lasso sea el Roberto Díaz de hoy.
El autor es médico.